Para actualizar el Reglamento Orgánico que data de 1995
Con la finalidad de sumarse a la política de austeridad republicana que impulsa el Gobierno de la República y “adelgazar” la nómina municipal, el Gobierno de Matamoros proyecta reducir su estructura administrativa a través de la actualización del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal.
Para la actualización del citado reglamento, el Gobierno Municipal está convocando al pueblo de Matamoros a participar en la consulta púbica del anteproyecto, que se hará por medio de una encuesta que ya está disponible en la página www.matamoros.gob.mx, así como también en foros ciudadanos que se realizarán el 27 de agosto a través de la plataforma zoom.
La consulta pública ya está a disposición de los matamorenses y tendrá vigencia hasta el 27 de agosto a las 16:00 horas, informaron autoridades municipales en conferencia de prensa realizada este martes por la mañana.
En la rueda de prensa en donde se dieron a conocer los detalles de la citada consulta participaron: el Secretario del Ayuntamiento, el Segundo Síndico y funcionarios de la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo.
En el encuentro con los medios de comunicación, el segundo síndico informó que se cuenta con un anteproyecto de actualización del reglamento, sin embargo para el Gobierno de Matamoros es muy importante la participación ciudadana, quien a través de los medios antes mencionados podrá exponer sus propuestas para mejorar la estructura administrativa.
El reglamento que está en operación actualmente tiene aproximadamente 25 años de no ser actualizado y es importante añadió, enriquecerlo tomando como ejemplo a ciudades como Monterrey, Jalisco y Ciudad de México.
Actualmente el Gobierno de Matamoros cuenta con 16 secretarías y la propuesta es reducirla a 12; tiene 70 direcciones y el proyecto es que sean 63 o menos, según las propuestas ciudadanas y el análisis que se concluya en esta consulta.
El segundo síndico mencionó que el Gobierno de México impulsa una austeridad republicana a la cual deben sumarse los estados y los municipios, con la finalidad de canalizar más presupuesto a las acciones sociales.